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Livio Guti\u00e9rrez record\u00f3 que, durante las inspecciones realizadas en los meses de junio y octubre, se constat\u00f3 la presencia de apenas 10 personas trabajando, mientras que se transfer\u00edan sueldos correspondientes a casi 100 trabajadores.
\u00abEsto motiv\u00f3 a que desde el Ministerio de Educaci\u00f3n se intime a la fundaci\u00f3n a dar de alta a los docentes. Adem\u00e1s, el nivel secundario y el nivel terciario no funcionaban, mientras el titular de la fundaci\u00f3n hac\u00eda propaganda en Santa Cruz diciendo que era rector en el Chaco y que era candidato a diputado nacional por esa provincia\u00bb, sostuvo.
Asimismo, aclar\u00f3 que la investigaci\u00f3n determin\u00f3 que muchos de los docentes que pretend\u00edan percibir haberes ten\u00edan domicilio en Caleta Olivia, en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, Formosa, Catamarca y algunos en Chaco. \u00abLa C\u00e1mara, por unanimidad, determin\u00f3 que era totalmente err\u00f3nea la decisi\u00f3n del juez de primera instancia, que obligaba al Gobierno provincial a pagar cientos de millones de pesos a personas que ni siquiera se encuentran en el Chaco\u00bb, destac\u00f3.
El funcionario remarc\u00f3 adem\u00e1s que, en la \u00faltima inspecci\u00f3n realizada con intervenci\u00f3n judicial y la participaci\u00f3n del subsecretario de Minoridad, se constat\u00f3 que no hab\u00eda m\u00e1s de ocho personas cuidando a ni\u00f1os, sin contar con las habilitaciones judiciales correspondientes.
\u00abSon chicos que est\u00e1n alejados de sus padres, ya que se encuentran en Vedia, mientras que sus familias algunas residen en la zona de El Impenetrable. No podemos permitir una situaci\u00f3n de ilegalidad, porque no se puede tener ni\u00f1os internados sin tutela de tipo judicial, situaci\u00f3n que tendremos que trabajar en un sistema de revinculaci\u00f3n con sus familias a largo plazo\u00bb, agreg\u00f3. En ese sentido, indic\u00f3 que el Juzgado de Familia interviene en la evaluaci\u00f3n y resoluci\u00f3n del da\u00f1o y perjuicio no s\u00f3lo en materia de educaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n familiar. \u00abAdem\u00e1s no han presentado ning\u00fan tipo de balance de los fondos que recib\u00eda en concepto de sueldos y otros de Loter\u00eda Chaque\u00f1a\u00bb, explic\u00f3.
Confirman la legalidad de las medidas
adoptadas por el Ministerio de Educaci\u00f3n
Cabe destacar que La C\u00e1mara de Apelaciones Multifueros revoc\u00f3 el amparo presentado por la Fundaci\u00f3n Valdocco y confirm\u00f3 la legalidad de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educaci\u00f3n de la Provincia del Chaco, tras un recurso interpuesto por el Estado chaque\u00f1o a trav\u00e9s de la Fiscal\u00eda de Estado.
De este modo, el Tribunal de Alzada dej\u00f3 sin efecto la sentencia dictada el 22 de diciembre por el Juzgado Civil y Comercial N\u00ba 21 y rechaz\u00f3 la acci\u00f3n de amparo promovida por la mencionada fundaci\u00f3n.
El fallo, conocido el lunes y firmado por los jueces Sebasti\u00e1n Andr\u00e9s C\u00f3ceres, Natalia Mar\u00eda Luz Kuray y Diego Gabriel Derewicki, reconoci\u00f3 la plena legitimidad de los actos administrativos mediante los cuales el Ministerio de Educaci\u00f3n dispuso la retenci\u00f3n de los fondos destinados a la UEGP N\u00ba 144 ?propiedad de la Fundaci\u00f3n Valdocco? y, posteriormente, la clausura de la instituci\u00f3n.
A partir del recurso presentado por el Fiscal de Estado, Dr. Roberto Alejandro Herlein, y el Procurador Fiscal, Dr. Iv\u00e1n Umansky, la C\u00e1mara consider\u00f3 que la clausura se encontraba debidamente justificada \u00aben los m\u00faltiples incumplimientos detectados en el sumario\u00bb. Entre ellos, se se\u00f1alaron la \u00abfalta de documentaci\u00f3n respaldatoria de las altas docentes, la imposibilidad de verificar el domicilio real de algunos docentes (algunos figuraban en plantas nominales de la Provincia de Santa Cruz), irregularidades en los libros matriz, deficiencias pedag\u00f3gicas (como matr\u00edcula insuficiente para las secciones declaradas en el Nivel Primario y la imposibilidad de constatar el funcionamiento del Nivel Superior) y el incumplimiento de la normativa provincial vigente (Leyes N.\u00ba 710-E y 1887-E)\u00bb.
Asimismo, el Tribunal sostuvo que no se aportaron elementos contundentes que permitan concluir que la clausura institucional haya constituido una sanci\u00f3n ilegal o arbitraria, sino que se trat\u00f3 de \u00abla consecuencia necesaria ante la imposibilidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos m\u00ednimos exigidos para el funcionamiento de los servicios educativos oportunamente autorizados\u00bb.<\/p>\n<\/p><\/div>\n