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El juez federal de Campana, Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charvay, declar\u00f3 la inconstitucionalidad del veto presidencial a la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, en el marco de una acci\u00f3n de amparo presentada por una familia con dos hijos menores con discapacidad.<\/p>\n
El magistrado consider\u00f3 que el veto vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de protecci\u00f3n de la infancia y de los derechos de las personas con discapacidad.<\/p>\n
As\u00ed, el juez Gonz\u00e1lez Charvay dio lugar a una presentaci\u00f3n de dos padres de ni\u00f1os con discapacidad, quienes argumentaron su presentaci\u00f3n a ra\u00edz del \u00abestado de incertidumbre provocado por las autoridades ha incrementado significativamente los padecimientos por el riesgo de discontinuidad de los tratamientos que reciben y la falta de certeza acerca de la continuidad de funcionamiento del Sistema de Prestaciones B\u00e1sicas\u00bb.<\/p>\n
En la presentaci\u00f3n, le advirtieron al juez sobre \u00abun riesgo inminente de interrupci\u00f3n de tratamientos de los ni\u00f1os\u00bb por \u00abinsuficiencia arancelaria\u00bb, a lo que se le agrega \u00abla imposibilidad de los prestadores de mantener la calidad del servicio en esas condiciones\u00bb.<\/p>\n
Ese escenario, constituye una \u00abafectaci\u00f3n actual y concreta a la continuidad prestacional de los hijos de los amparistas, generando un potencial da\u00f1o irreparable a la salud de ambos\u00bb.<\/p>\n
En su resoluci\u00f3n, el magistrado hizo lugar al amparo y declarar la invalidez del decreto 534\/2025 \u00abreafirmando que el derecho a la salud, educaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n de ni\u00f1os con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias, y que el Estado Argentino est\u00e1 obligado a cumplir con los est\u00e1ndares constitucionales e internacionales que garantizan la protecci\u00f3n integral de los grupos m\u00e1s vulnerables\u00bb y la \u00abobligaci\u00f3n de no regresividad establecida en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos\u00bb.<\/p>\n
La medida judicial responde a una demanda iniciada por dos personas contra el Estado Nacional y tiene efectos directos sobre las prestaciones que reciben dos menores de edad involucrados en la causa. La Justicia hizo lugar parcialmente al amparo presentado por dos personas, cuyas iniciales son O.G.J. y D.R.N.<\/p>\n
Asimismo, el fallo ordena que se comunique a la obra social de los menores para que adec\u00fae sus prestaciones de acuerdo a lo que establec\u00eda la ley de emergencia, ahora restituida para ellos. Adem\u00e1s, impuso que los costos del proceso judicial queden a cargo del Estado Nacional.<\/p>\n
La Ley de Emergencia en Discapacidad hab\u00eda sido aprobada por el Congreso, pero luego fue vetada por el Poder Ejecutivo. Con esta decisi\u00f3n judicial, el debate se reabre y el Gobierno podr\u00eda apelar la medida.<\/p>\n
El caso podr\u00eda sentar un precedente en materia de control judicial sobre los vetos presidenciales, al tiempo que refuerza el alcance de los tratados internacionales incorporados a la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n<\/p><\/div>\n